La Secretaría de la Participación y la Inclusión del PLD expresa su preocupación y rechazo ante la rendición de cuentas del Gobierno del pasado 27 de febrero, en la cual el sector de las personas con discapacidad fue omitido de manera sistemática. Este grupo representa más de 478,000 dominicanos y dominicanas, según el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, y enfrenta barreras estructurales en educación, empleo, salud y participación social, lo que evidencia un déficit crítico en la política pública inclusiva del poder ejecutivo.
A pesar que en el año 2025 el Gobierno presentó el Plan Nacional de Discapacidad 2025‑2035, destinado a garantizar accesibilidad universal, inclusión educativa, empleo formal, protección social y participación plena. No se observan resultados tangibles ni indicadores verificables de implementación.
En el 2025, apenas 400 personas con discapacidad accedieron al empleo formal, y el 23 % de la niñez con discapacidad permanece fuera del sistema educativo, según datos de UNICEF. Estos indicadores confirman que las metas del plan no se traducen en mejoras concretas para los grupos más vulnerables.
Organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos han señalado además la ausencia de un registro nacional actualizado, lo que imposibilita medir avances, monitorear resultados y planificar políticas basadas en evidencia. Esta situación demuestra que, pese a la existencia formal del plan, las personas con discapacidad continúan invisibilizadas y excluidas de los procesos de decisión y de los servicios esenciales que deberían garantizar su inclusión efectiva.
En consecuencia, la Secretaría de Participación e Inclusión exige del Gobierno:
1. Implementación inmediata y verificable del Plan Nacional de Discapacidad, con metas precisas, indicadores de desempeño claros y reportes periódicos públicos;
2. Asignación presupuestaria suficiente y articulada, que garantice la ejecución integral de todas las acciones previstas;
3. Participación activa y formal de personas con discapacidad y sus organizaciones representativas en la formulación, seguimiento y evaluación de políticas públicas;
4. Establecimiento de un registro nacional actualizado, que permita monitorear avances, corregir deficiencias y asegurar la rendición de cuentas efectiva.
La verdadera rendición de cuentas no se limita a discursos ni a planes documentales, sino a acciones concretas, sostenibles y transformadoras que garanticen inclusión, equidad y justicia social. Mientras el Gobierno continúe relegando a este sector, la Secretaría de la Participación y la Inclusión seguirá denunciando la exclusión sistemática y exigiendo el cumplimiento efectivo de los derechos de miles de dominicanos y dominicanas con discapacidad.