Puerto Príncipe,. El Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití y el Gobierno han decretado un estado de emergencia por un periodo de tres meses en las regiones de Oeste, Artibonite y Centro. Estas áreas han sido escenario de una intensificación alarmante de la violencia por parte de bandas criminales, que llevan años operando en el país.
La medida, anunciada en un comunicado al que tuvo acceso este medio, busca otorgar a las autoridades pertinentes el tiempo y los recursos necesarios para restaurar la paz y la seguridad. En respuesta a la gravedad de la crisis, las autoridades han decidido movilizar los recursos estatales de manera significativa para abordar el problema.
Este estado de emergencia se enmarca en una serie de estrategias recientes adoptadas por el gobierno para enfrentar la crisis de seguridad, especialmente en un contexto donde las elecciones previstas para finales de año están en un impasse. El CPT y el Gobierno han reafirmado su compromiso de tomar todas las acciones urgentes necesarias para asegurar el funcionamiento adecuado de las instituciones y recuperar la dignidad nacional.
El pasado jueves, Laurent Saint-Cyr, al asumir la presidencia rotativa del CPT, declaró una ofensiva contra las bandas armadas, solicitando además a la comunidad internacional un incremento en el apoyo militar al país. "Las bandas no tendrán la última palabra", afirmó el dirigente, cuyo mandato concluirá el 7 de febrero de 2026, coincidiendo con la investidura de nuevas autoridades.
A pesar de la presencia de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad en Haití (MSS), liderada por Kenia y compuesta por fuerzas policiales de varios países, las bandas continúan controlando un preocupante 90% de Puerto Príncipe y expandiéndose a otras zonas. La situación es crítica, con 1,520 personas asesinadas y 609 heridas en el segundo trimestre del año, según un informe de la Oficina Integrada de la ONU en Haití.
La tensión aumentó con las declaraciones del líder de bandas Jimmy Cherisier, alias Barbecue, quien amenazó con derrocar al Consejo Presidencial de Transición, acentuando la urgencia de una respuesta internacional robusta.