Washington, D.C., – La Fiscalía General de Washington D.C. ha tomado una postura firme contra una orden ejecutiva reciente emitida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que busca imponer control federal sobre la Policía local. El fiscal general de la capital, Brian Schwalb, ha presentado una denuncia formal en los tribunales, calificando la medida como una amenaza sin precedentes a la autonomía de la ciudad.
Schwalb argumenta que esta orden representa un abuso del poder federal, poniendo en tela de juicio la capacidad del Gobierno para intervenir en los asuntos locales sin el consentimiento del Ayuntamiento, que actualmente es controlado por el Partido Demócrata. Según el fiscal, esta intervención podría comprometer tanto la dignidad como la autonomía de los 700,000 residentes de Washington D.C., además de afectar la seguridad de todos los que viven y trabajan en la capital.
En un movimiento alineado con la controvertida orden ejecutiva, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, ha designado al director de la Administración para el Control de Drogas (DEA), Terry Cole, como nuevo comisionado de la Policía de Washington. Esta acción ha sido calificada por Schwalb como "flagrantemente ilegal".
La situación se agrava con el despliegue de cientos de efectivos de la Guardia Nacional, una medida que, según el presidente Trump, es necesaria para controlar una supuesta ola de criminalidad. Sin embargo, la alcaldesa de la ciudad, Muriel Bowser, ha declarado que no existen datos oficiales que respalden tales afirmaciones.