San Juan, Puerto Rico – 26 de enero de 2025
La comunidad dominicana en Puerto Rico enfrenta momentos de incertidumbre tras la reciente redada realizada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Barrio Obrero de San Juan, una zona con alta concentración de residentes dominicanos.
José Rodríguez, activista dominicano en la isla, denunció la falta de claridad en las políticas locales respecto a estas intervenciones y alertó sobre las posibles consecuencias económicas y sociales. "Estamos en la Placita Barceló en Barrio Obrero, un área habitada mayormente por dominicanos y puertorriqueños también, pero la gran mayoría son dominicanos. Ayer me llamaron que hubo una intervención ya en un área de trabajo, de un grupo de contratistas que estaban trabajando en un edificio, solicitándoles sus documentos. Ellos estaban trabajando y les dijeron que era para corroborar si estaban regularizados. Esto confirma que ya han empezado las redadas porque allí había más de 10 personas trabajando y, de no haber tenido sus estatus regularizados, los hubiesen detenido ahí mismo", explicó Rodríguez.
El activista instó a la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer Aydin González Colón, a brindar un respaldo real a la comunidad dominicana y a rectificar declaraciones previas en las que afirmaba que no había motivo de preocupación. "Si ya la gobernadora dio esa información que es errónea, lo mejor es que ella la desmienta y se reúna con nosotros, para ver cuál va a ser su política pública, ya que dominicana y Puerto Rico son socios comerciales. Esto va a traer una crisis económica y una crisis humanitaria. Estamos frente a una situación que afectará sectores como la construcción, el cuidado de ancianos y el trabajo doméstico", enfatizó.
Estas redadas generan preocupación no solo por el impacto directo en las familias afectadas, sino también por las repercusiones en sectores clave de la economía puertorriqueña donde la mano de obra dominicana es esencial. La comunidad espera una respuesta clara y acciones concretas por parte de las autoridades locales para garantizar sus derechos y bienestar.
La gobernadora González Colón había declarado anteriormente que no había motivo de preocupación respecto a deportaciones masivas en Puerto Rico, diferenciando la situación de la isla de otras jurisdicciones en Estados Unidos. Sin embargo, las recientes acciones de ICE han generado dudas y temores entre la población dominicana residente.
La comunidad dominicana en Puerto Rico, que representa una parte significativa de la población inmigrante en la isla, ha sido históricamente un pilar en diversos sectores laborales. Ante la actual situación, líderes comunitarios y activistas hacen un llamado a la solidaridad y a la acción conjunta para enfrentar los desafíos que se avecinan.
Se espera que en los próximos días se realicen reuniones entre representantes de la comunidad dominicana y las autoridades puertorriqueñas para abordar estas preocupaciones y buscar soluciones que mitiguen el impacto de las redadas en la sociedad y economía de la isla.