Santo Domingo, 27 de mayo de 2025 — Representantes de organizaciones de la sociedad civil coincidieron este lunes en que el proyecto de ley presentado por la Junta Central Electoral (JCE) representa un obstáculo significativo para la participación de candidaturas independientes en los procesos electorales.
Durante una sesión de la Comisión Especial sobre Candidaturas Independientes de la Cámara de Diputados, encabezada por el diputado Wessin Chávez, fueron escuchadas voces de entidades como la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana (PC) y el Frente Pro Candidaturas Independientes (FPCI), así como del abogado constitucionalista Alberto Fiallo Billini Scanlon.
Fiallo, quien fue clave en la sentencia del Tribunal Constitucional que abrió el camino al debate sobre candidaturas fuera de los partidos políticos, expresó que el proyecto de la JCE “haría prácticamente imposible la existencia real de candidaturas independientes”. Agradeció la apertura al diálogo por parte de la comisión legislativa.
De su lado, Servio Tulio Castaños Guzmán, vicepresidente ejecutivo de FINJUS, advirtió sobre las limitaciones que impone la actual Constitución a estas candidaturas, citando la falta de mecanismos claros para cubrir vacantes en el Congreso o integrar independientes en organismos como el Consejo Nacional de la Magistratura. Consideró que el proyecto podría enfrentar nuevos retos ante el Tribunal Constitucional.
En la misma línea, Leydi Blanco, de Participación Ciudadana, expresó su preocupación de que sea la propia JCE —órgano garante de la equidad electoral— la que impulse una legislación restrictiva. Blanco reiteró la necesidad de un debate más profundo y amplio sobre el tema.
Durante la jornada, también participaron representantes de partidos minoritarios, quienes manifestaron inquietudes respecto al reconocimiento legal de las candidaturas independientes. Algunos señalaron que estas podrían comprometer la estabilidad del sistema de partidos en el país.
El debate continúa abierto mientras diversos sectores llaman a revisar de fondo el marco normativo que rige la participación electoral en la República Dominicana.