El diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), Leonte Torres, solicitó al presidente Luis Abinader retirar del Congreso Nacional el proyecto de ley sobre libertad de expresión, argumentando que la propuesta podría vulnerar derechos fundamentales y coartar la libertad de prensa.
En respuesta a diversas críticas y preocupaciones de sectores políticos y sociales, el presidente Abinader decidió retirar del Congreso Nacional el proyecto de ley contra la ciberdelincuencia. Esta medida busca facilitar el trabajo de una comisión consultiva encargada de revisar y actualizar la legislación sobre libertad de expresión.
Posteriormente, el 8 de abril de 2024, el mandatario presentó un nuevo anteproyecto de ley titulado “Libertad de Expresión, Medios Audiovisuales y Plataformas Digitales”. Este busca modernizar la Ley 61-32 de 1962, adaptándola al marco constitucional actual y a los desafíos contemporáneos. El anteproyecto enfatiza principios como el acceso universal, la tolerancia a la crítica, la no censura, el debido proceso, la equidad en el lenguaje, la transparencia y la neutralidad de las redes.
A pesar de estas iniciativas, diversos sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), por ejemplo, condenó proyectos que podrían amenazar la libertad de prensa y la labor periodística en la República Dominicana, señalando que algunas propuestas legislativas mantienen el carácter penal de la difamación y podrían sobreproteger a los dirigentes ante las críticas.
En el Congreso Nacional, legisladores de distintos partidos han manifestado su intención de revisar con rigurosidad cualquier propuesta relacionada con la libertad de expresión, asegurando que no permitirán la aprobación de leyes que vulneren derechos fundamentales.
En resumen, mientras el gobierno busca actualizar la legislación sobre libertad de expresión para adaptarla a los tiempos actuales, existen preocupaciones legítimas sobre posibles restricciones a derechos fundamentales. Es esencial que cualquier reforma legal en este ámbito sea fruto de un amplio consenso y garantice plenamente la libertad de prensa y de expresión en el país.