La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Mirna Ortiz, afirmó que la sociedad dominicana está atenta a las graves y serias imputaciones penales que pesan sobre el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez.
“Nos preguntamos si los procesados por corrupción mostraron la misma sensibilidad cuando se apropiaron del patrimonio público”, expresó Ortiz en respuesta a preguntas de la prensa sobre una decisión del Tribunal Constitucional respecto al nombre con el que el Ministerio Público ha identificado la operación judicial contra Rodríguez Sánchez y otros implicados.
La procuradora de corte lamentó que se cuestione la denominación asignada por el Ministerio Público al caso, cuando —a su juicio— lo realmente relevante son los cargos penales que enfrenta el exfuncionario y los demás acusados.
“Hoy vemos una sensibilidad extrema por el nombre que el Ministerio Público da a sus casos. Sin embargo, cabe preguntarse si existía esa misma sensibilidad y tacto cuando se cometieron los actos de corrupción que afectaron al Estado dominicano”, agregó Ortiz.
Estas declaraciones fueron ofrecidas a la prensa tras el aplazamiento del inicio del juicio de fondo contra Jean Alain Rodríguez y sus coimputados. La audiencia fue reprogramada para el próximo 23 de junio en el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, debido a la ausencia del acusado Alfredo Alexander Solano Augusto.
Sobre el caso
Además de Rodríguez Sánchez y Solano Augusto, están acusados en este proceso Jhonatan Joel Rodríguez Imbert, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Rafael Antonio Mercedes Marte, Miguel José Moya, Braulio Michael Batista Barias, Alejandro Martín Rosa Llanes, Ramón Lucrecio Burgos, Jhonatan Loander Medina Reyes, Isis Tapia, Félix Antonio Rosario Labrada, Francis Ramírez Moreno, Rolando Rafael Sebelén Torres, César Nicolás Rizik Pimentel y José Luis Liriano Adames.
Todos enfrentan cargos por corrupción administrativa, incluyendo soborno, desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos. Según el expediente acusatorio, estas irregularidades habrían sido cometidas durante la gestión de Rodríguez como procurador general de la República (2016–2020), con un perjuicio económico al Estado superior a los RD$6,000 millones.
El juez Amaury Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, ordenó el envío a juicio de fondo el 29 de junio de 2023, tras considerar que existían elementos suficientes en la acusación, que incluye a 41 personas físicas y 22 empresas vinculadas a una presunta red de corrupción institucional.