Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader se pronunció este lunes sobre el caso del regidor Edickson Herrera Silvestre, acusado por las autoridades de Estados Unidos de violar múltiples leyes federales, incluyendo cargos de narcotráfico y conspiración. El mandatario enfatizó que actualmente no se encubren situaciones irregulares y que toda persona, sin importar su afiliación política, debe rendir cuentas ante la justicia.
Por su parte, el director de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), José Manuel Cabrera Ulloa, aclaró que no existe una orden de extradición contra Herrera Silvestre. Explicó que sí hay una orden de arresto, pero esta solo tiene validez dentro del territorio estadounidense.
El expediente señala también a José Eduviges Aponte Torres, alias “Buby” o “Meano”, y a William Durán Jerez, conocido como “El General”, cuyas nacionalidades no fueron especificadas. Según la acusación, ambos habrían participado junto a otros implicados en el tráfico de drogas desde la República Dominicana hacia el condado de Miami-Dade, Florida.
El documento judicial, depositado el pasado 5 de marzo de 2025, imputa a los tres acusados por conspiración para distribuir, importar y traficar más de cinco kilogramos de cocaína hacia Estados Unidos. Se detalla que las operaciones ilícitas habrían ocurrido entre mayo de 2020 y noviembre de 2022.
Las autoridades sostienen que los acusados actuaron en coordinación entre República Dominicana y Estados Unidos para introducir drogas al país norteamericano, lo cual representa un delito grave bajo la legislación federal debido al impacto en su sistema de control de sustancias.
Las penas contempladas incluyen la cadena perpetua y multas de hasta 10 millones de dólares por acusado. Además, el Ministerio Público estadounidense ha solicitado el decomiso de propiedades adquiridas con dinero proveniente del narcotráfico.
Dado que el juicio se celebrará en Miami, corresponde al gobierno de Estados Unidos solicitar formalmente la extradición de los imputados. Se informó que los acusados deberán comparecer ante el tribunal con la asistencia de un intérprete en español.
La acusación, firmada por el fiscal federal Hayden P. O’Byrne, establece que el caso debe ser juzgado en territorio estadounidense debido a la magnitud del delito y su impacto directo en dicho país.