La Vega, R.D. – El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Judicial de La Vega declaró este miércoles la extinción de la acción penal en el proceso seguido contra el empresario Miguel Arturo López Florencio, conocido como “Micky” López, y varios miembros de su familia, acusados de lavado de activos provenientes del narcotráfico.
La decisión fue duramente cuestionada por la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García, quien anunció que el Ministerio Público apelará tan pronto reciba el dispositivo del fallo. García afirmó que no existe fundamento jurídico para poner fin al proceso, calificándolo como un caso complejo que merece una valoración más profunda que un simple conteo de plazos.
“La ley establece un plazo máximo de cuatro años para la acción penal, pero la Convención Americana de Derechos Humanos exige considerar las circunstancias específicas de cada proceso. Este es uno de esos casos”, explicó la fiscal.
García también denunció que la defensa de los acusados incurrió de forma reiterada en reenvíos y aplazamientos con el propósito de dilatar el juicio y alcanzar la prescripción.
El Ministerio Público sostiene que los imputados movilizaron más de 8 mil millones de pesos a través del sistema financiero dominicano sin poder justificar el origen de los fondos. Además, varias empresas habrían servido como fachada para el lavado de dinero, entre ellas: Inmobiliaria Gloria Ivette, SRL; Agropecuaria Gloria Ivette, SRL; Auto Crédito Selecto, SRL; y Compañía Serví Crédito Gloria Ivette, SRL.
Los procesados son Micky López, sus hijos José Miguel López Pilarte y Miguel Arturo López Pilarte, así como su cuñada Ada Marie Pilarte. La fiscal subrayó la contradicción del fallo, recordando que por la misma acusación ya fue condenada la esposa de López, la exdiputada Rosa Amalia Pilarte.
Según las investigaciones, la supuesta red blanqueaba capitales mediante complejas transacciones que aparentaban legalidad, sirviendo además como soporte financiero para otras estructuras criminales.
El Ministerio Público se prepara para impugnar la decisión ante los tribunales superiores, en busca de que se revoque la extinción de la acción penal y se continúe con el juicio contra los imputados.